No vamos a aceptar bajo ningún concepto

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según el artículo 122 de la Constitución, es el órgano de gobierno del Poder Judicial de España. Su principal función es velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. Con subordinación a él ejercen sus funciones las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, así como los demás órganos jurisdiccionales con atribuciones gubernativas en sus respectivos ámbitos orgánicos: Presidentes de los Tribunales y Audiencias, Jueces Decanos, Juntas de Jueces y Jueces.

El CGPJ se sitúa en una posición institucional de paridad con el Gobierno, Congreso de los Diputados, Senado y Tribunal Constitucional. Está investido de las garantías de superioridad e independencia características de estos órganos y, por ello, está legitimado para plantear conflictos de atribuciones ante el Tribunal Constitucional frente a los demás órganos constitucionales en defensa de sus competencias.

El Consejo General del Poder Judicial está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados por un período de cinco años, no renovable, por el Rey, mediante Real Decreto refrendado por el Ministro de Justicia, previa propuesta formulada por el Congreso de los Diputados o el Senado.

Estos veinte miembros son elegidos por las cámaras, Congreso y Senado, por mayoría de tres quintos. 12 son jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, de los que el Congreso propone seis y el Senado otros seis. 8 son abogados u otros juristas. 4 de ellos son propuestos por el Congreso y 4 por el Senado.

El PP se está beneficiando de que el actual Consejo fue elegido en la pasada legislatura, en noviembre de 2001, con la mayoría absoluta de las cámaras en sus manos. De modo que está compuesto por diez vocales propuestos por el PP, siete por el PSOE, uno por IU, otro por CiU y el último por consenso entre PP y PSOE.

El PSOE busca un acuerdo que refleje más o menos la composición actual de las cámaras. El PSOE propone nueve vocales elegidos a propuesta del PSOE, ocho del PP y tres para las minorías parlamentarias. Incluso acepta 8 PSOE - 8 PP y 4 para las minorías. Pero el PP responde que no aceptarán nada por debajo de nueve vocales, con lo que mantendrían la minoría de bloqueo a la hora de aprobar nombramientos en puestos clave del Supremo o del Tribunal Constitucional. Minoría de bloqueo de la que el PSOE no dispone ahora mismo. El PP sí.

¿Cuál es la fuerza del PP en este contexto? Que hacen falta tres quintos de las cámaras para proceder a la renovación del Consejo. ¿Por qué lo hace? Para mantener el control del Consejo. Tampoco les 'molesta' que la no renovación implique la perpetuación del Consejo actual.

¿Y la democracia? Que le den dos duros.

Con un poco de suerte zETAp será una pesadilla pasajera y el bueno de Mariano Rajoy devolverá las cosas a su sitio en marzo. Entonces se podrá renovar el CGPJ de acuerdo con la composición de las nuevas cámaras, de nuevo, como Dios manda, dominadas por el PP.

Y si en marzo los buenos vuelven a perder por lo menos se habrá pasado una legislatura de progres con el control en manos de la gente de bien del órgano de gobierno de los jueces. Y quizá puedan prolongarlo en el tiempo algo más. ¿Hasta 2012?

Eso sí, para ir disimulando, el PP acusa hoy al PSOE de "chantaje" por querer "imponerle" la composición del CGPJ acordada con los nacionalistas, porque, en palabras de Zaplana, el órgano de gobierno de los jueces "no puede ser la correa de transmisión del Parlamento", salvo, se le olvidó decir, cuando es un Parlamento en manos del PP, como el de noviembre de 2001. Por si no tuviéramos todos muy claro hasta dónde pueden llegar, nos aclaró: "No vamos a aceptar bajo ningún concepto ninguna presión ni ninguna posición de dominio por parte del PSOE". Es mucho mejor una posición de dominio de los nuestros. Dónde va a parar.