El gobierno del pueblo

En el siglo de oro de la Atenas clásica se acuñó un término político relativamente nuevo: la democracia o 'gobierno del pueblo'. El término proviene del griego antiguo δημοκρατία y fue acuñado a partir de los vocablos δημος («demos», que puede traducirse como «pueblo») y κρατος («kratos», que puede traducirse como «poder» o «gobierno»).

En sentido estricto la democracia es un sistema político que permite el funcionamiento del Estado, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad al representante. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que todos sus habitantes son libres e iguales ante la ley.

Mi siempre admirado Aristóteles es en última instancia el autor de la tradicional clasificación de las formas de gobierno en tres tipos básicos: monarquía (gobierno de uno), aristocracia (gobierno de pocos, literalmente de 'los mejores'), y democracia (gobierno de muchos o todos, gobierno del pueblo).

Tras siglos y siglos de luchas y enfrentamientos, guerras y divisiones, los regímenes políticos autoproclamados democráticos son cada vez más numerosos en el mundo. Un buen porcentaje de ellos lo son realmente. Nosotros tenemos la enorme fortuna de formar parte de una polis en la que hay una democracia asentada y codificada en un sistema de leyes, la más importante de las cuales es la Constitución aprobada en diciembre de 1978, que garantiza los derechos y deberes de todos los ciudadanos, la división del poder en tres brazos, legislativo, ejecutivo y judicial, y los límites de actuación de las mayorías.

De la bondad del sistema para proteger al ciudadano ante el poder dan fe, paradójicamente, quienes disponen de un patrimonio extraordinario precisamente como resultado de un asalto a las instituciones del estado por quienes prefirieron la fuerza del sable a la de la urna. Hoy los descendientes de Francisco Franco Bahamonde invocan la Constitución de 1978 para impedir a la Xunta de Galicia entrar en el Pazo de Meirás, regalado al dictador en plena Guerra Civil, con el fin de inspeccionar una propiedad inscrita en el Patrimonio Cultural gallego. Además de blandir la Carta Magna en sus alegaciones ante el juzgado de A Coruña que deberá decidir si autoriza o no la inspección, los Franco acusan a la Xunta de pretender en realidad recuperar el pazo.

Hoy no entraré en valorar la razón legal o ausencia de ella en el recurso de los herederos del General. Pero quisiera hacer hincapié en el hecho de que se intentan escudar en la Constitución, un parapeto detrás del cual no se pudo refugiar ninguno de los cerca de un millón de muertos provocados por un glorioso Alzamiento nacional, o, dicho de otro modo, una gloriosa muestra de abuso de poder, por parte de quienes habían jurado defender a la nación y decidieron, llegado el momento, imponerse por la fuerza a la voluntad del pueblo soberano. La soberanía nacional había hablado en febrero y los partidos de izquierda habían obtenido en las urnas el mandato de dirigir la nave del estado. Pero los miembros de la tripulación que tenían las armas decidieron que las muchedumbres estaban equivocadas, le pegaron un tiro al timonel y a todo el que se puso en medio, y pusieron a su caudillo al frente. Cuarenta años.

Esto es imponer.

El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha utilizado repetidamente el mismo verbo, "imponer", para referirse a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, que se impartirá el próximo curso. Ha asegurado que la asignatura "adoctrina sobre el hombre y sus principios, personales y sociales" y lo hace, además, "de manera obligatoria".

Considera que el gobierno "impone" esa asignatura, y alude a la Carta Magna, concretamente al artículo "27.3, que establece que el titular del derecho a la educación religiosa son los padres, y el 16, que establece la libertad de religión. Por lo tanto -insistió-, la asignatura es inconstitucional".

'Imponer', me gustaría aclarar humildemente, no es un término apropiado para una decisión plenamente legal de un gobierno salido de las urnas, la implantación de una asignatura en el ejercicio de sus funciones; una asignatura que tratará por cierto de inculcar valores constitucionales de respeto ciudadano. Efectivamente, la Constitución, el parapeto tras el que no se pudieron esconder todos los miles y miles de españoles que murieron fusilados por el amigo brazo franquista tras ser amablemente confesados por miembros del clero, sostiene que la educación religiosa pertenece a los padres.

Pero se refiere a los padres de los niños, no a los padres con sotana... Y Educación para la Ciudadanía no es una educación religiosa, sino ética. Un día le hablaré de la ética y de la religión, conceptos quizá próximos, pero no intercambiables, amigo Rouco. (Por cierto, ya que estamos en ello, ese mismo artículo de la Constitución impediría en principio que la Religión Católica fuera obligatoria...).

Finalmente, para su tranquilidad, la voluntad de los padres se expresa en la urnas. Por consiguiente, las decisiones del gobierno REPRESENTAN la voluntad de los padres.

Esto no es imponer. Esto es democracia.