Laicidad y democracia

"La Laicidad se configura como un marco idóneo y una garantía de la libertad de conciencia donde tienen cabida todas las personas con independencia de sus ideas, creencias o convicciones y de su condición personal o social, siendo por ello requisito para la libertad y la igualdad". "La Laicidad es garantía para desarrollar los derechos de ciudadanía ya que el Estado Democrático y la Ley, así como la soberanía, no obedecen a ningún orden preestablecido de rango superior, pues la única voluntad y soberanía es la de la ciudadanía"."Creemos que el respeto a todas las opciones que suscita la vida personal y social, el respeto de la discrepancia y de la diferencia y la apreciación de la riqueza de la diversidad de concepciones y valoraciones son pilares esenciales del entendimiento democrático. Sin embargo, el cultivo del derecho de libertad de conciencia y de autonomía moral, ideológica o religiosa de los individuos, debe conciliarse con la potenciación del mínimo común ético constitucionalmente consagrado integrado por el conjunto de valores que constituyen las señas de identidad del Estado Social y Democrático de Derecho: igualdad, libertad, justicia, pluralismo, dignidad de la persona y derechos fundamentales".

CONSTITUCIÓN, LAICIDAD Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. Manifiesto del PSOE con motivo del XXVIII aniversario de la Constitución.

El Portavoz de la Conferencia Episcopal, J. R. Martínez Camino, considera que el manifiesto va "en contra de los principios de un Estado verdaderamente democrático", “amenaza la democracia” y “pone bajo sospecha a la religión y a las instituciones que la representan como si fueran un peligro para la justicia”.

Aparte de lo estimulante que resulta escuchar a la jerarquía eclesiástica tan aguerrida ahora en la defensa de la democracia (es un progreso), mi pregunta es, ¿en qué sentido la laicidad es una amenaza para la democracia? ¿por qué? El que el estado, como tal, no se someta ni apoye explícitamente los posicionamientos de ninguna iglesia, no es en modo alguno atentar contra la democracia, sino, quizá, precisamente, todo lo contrario.

La palabra laico es de origen griego. Es un adjetivo derivado de laos, que significa "pueblo", un cuasi-sinónimo de demos, que también traducimos por "pueblo". Así, democracia es el "poder del pueblo". Laico era en principio "popular", y se usó para denominar a aquella parte del pueblo que no formamos parte del clero. Dicho en latín un laico es un seglar (de saecular-).

Se manejan hoy dos derivados nominales de laico, dos abstractos:

1) laicismo, definido en la Real Academia como: "Doctrina que defiende la independencia del hombre, de la sociedad y del Estado de toda influencia eclesiástica o religiosa".

2) laicidad, que no aparece en el diccionario de la RAE, pero es definido de un modo no muy distinto: "Cualidad de la sociedad, el Estado o las instituciones que actúan y funcionan de manera independiente de la influencia de la religión y de la Iglesia".

Evidentemente, el problema no es sólo la definición teórica de los términos, sino lo que ello implica o dónde se quiera poner el énfasis. En el manifiesto del PSOE, a mi modo de ver, se hace hincapié en la parte de libertad y democracia que el concepto contiene, en el sentido de esta otra definición de un diccionario de la web: Laicidad sería la "neutralidad del estado, de las colectividades locales y de todos los servicios públicos respecto a una o varias religiones, una o varias filosofías".

Desde mi punto de vista, y lamento disentir de Martínez Camino, la laicidad o el laicismo del Estado no sólo no atenta con la democracia o la libertad, sino que las garantiza. En un país como el nuestro (y no sólo desde luego en él, pero significativamente de modo especial en él y en los que han bebido de nuestras tradiciones: "interesante" homilía la del Obispo chileno que ofició el funeral de Pinochet, que me recordó el mejor Plá y Daniel y su "plebiscito armado"), en el que la Iglesia Católica ha participado a lo largo de la historia como un poder de influencias ubicuas interminables, desde los más remotos Tribunales de la Santa Inquisición hasta la más reciente Cruzada Nacional, la capacidad del Estado de liberarse de las limitaciones o restricciones ligadas, no tanto o no sólo a la doctrina de la Iglesia, sino especialmente a las opiniones en todos los órdenes de la jerarquía eclesiástica, es una necesidad para la expresión libre de la soberanía popular (=laica, dicho en griego).

Por supuesto, como reclama hoy la jerarquía eclesiástica y como DE MODO EXPLÍCITO reconoce el manifiesto del PSOE (y la Constitución española), la Iglesia puede e incluso debe plantear y defender sus posiciones ante cuestiones de orden moral, que han de servir de guía a aquellos ciudadanos que tengan a bien escucharles o atenderles. Pero es que el laicismo o la laicidad en modo alguno impiden esto. Lo que plantean es que, en una sociedad en la que la Iglesia, como el resto de religiones, tiene derecho a plantear sus posiciones, no tendrá no obstante capacidad jurídica ni política para obstaculizar decisiones de la soberanía popular que no respondan a sus directrices. La Iglesia Católica podrá opinar y su opinión siempre pesará mucho en un país católico en su inmensa mayoría, incluso aunque nuestra Constitución defina al Estado como aconfesional. Pero lo que no podrá será imponer sus creencias a la mayoría del pueblo si en un momento o cuestión determinados se encuentran en campos contrarios. De no ser así, no habría democracia ni libertad. Habría un poder totalitario: el de la Iglesia Católica.