Aritmética básica

El Tribunal Constitucional está integrado por doce miembros. Son nombrados por el Rey a propuesta de las Cámaras que integran las Cortes Generales (cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado), del Gobierno (dos) y del Consejo General del Poder Judicial (dos). La designación para este cargo se hace por nueve años, debiendo recaer en ciudadanos españoles que sean Magistrados o Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios públicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

Con el siempre complejo equilibrio en estos temas, el Constitucional inició la legislatura con una composición equilibrada entre las dos 'tendencias':

PROGRESISTAS: María Emilia Casas Baamonde (presidenta); Elisa Pérez Vera; Eugeni Gay Montalvo; Pascual Sala Sánchez; Manuel Aragón Reyes y Pablo Pérez Tremps.

CONSERVADORES: Guillermo Jiménez Sánchez (vicepresidente); Vicente Conde Martín de Hijas; Javier Delgado Barrio; Roberto García-Calvo y Montiel; Jorge Rodríguez-Zapata Pérez y Ramón Rodríguez Arribas.

Son seis a seis. En caso de empate en alguna decisión el voto de la calidad de la presidencia desempata. Como si fuera, así pues, ahora mismo, 7 a 6 a favor de los progresistas.

En la presente legislatura, como todo el mundo sabe porque ha sido muy claro, el PP se ha opuesto a todo. Se ha opuesto, con grandes alharacas, hipérboles y escándalo a todas las iniciativas legislativas de la mayoría parlamentaria salida de la voluntad popular expresada en las urnas el 14 de marzo de 2004. Cuando ha sido derrotado en las Cortes, ha optado de forma ostensible por el Tribunal Constitucional. Toda propuesta socialista es 'anti-constitucional' para el PP por defecto, y acude al Constitucional con el ánimo de que el Tribunal les ratifique. Leyes que están hoy esperando dictamen son de un relieve tal como el Estatuto de Cataluña, la Ley de Igualdad o la Ley del matrimonio homosexual.

Pero el PP no se quedó conforme con ello. Una vez las cosas en esos términos, tenía que 'ganar' en lo que, a todos los efectos, quiere convertir en 'tercera cámara', sustancialmente alejada, eso sí, de la voluntad popular.

De modo que, así, hemos entrado en barrena en una serie de decisiones de motivación política que han destruido para siempre, a mi entender, la credibilidad del Tribunal. Yo, hoy, lo clausararía para siempre si no pudiera cambiar de modo radical su funcionamiento...

1. El PP plantea la recusación de Pérez Tremps; la Generalitat plantea entonces la recusación de García Calvo; el PP quiere romper el equilibrio a su favor, la Generalitat que no se rompa. El PP presenta sorpresivamente otra recusación, a la presidenta, porque su marido había participado en un dictamen sobre la constitucionalidad del texto. Razón peregrina, a todas luces, pues, para empezar, son dos personas físicas y jurídicas distintas. Tan peregrina que el TC rechazó por unanimidad la recusación.

2. Pero la idea era 'desactivar' a la presidenta y lograr el desquilibrio temporalmente; los recusados no podían intervenir. Entonces quedan cinco conservadores y cuatro progresistas. Se rechazaron las recusaciones de la presidenta y la de García-Calvo, dejando para más adelante la de Pérez Tremps. De nuevo once en el tribunal (6 conservadores y 5 progresistas) decidieron a favor de la recusación: Pérez Tremps fue expulsado del Pleno y el Estatuto catalán será juzgado por seis conservadores y cinco progresistas. La decisión es, realmente escandalosa. Para ser miembro de un Tribunal así hay que tener méritos profesionales. En magistrados los méritos son hacer trabajos académicos en su ámbito. Y su ámbito es el Derecho.

3. La Generalitat contraatacó recusando al conservador Jorge Rodríguez-Zapata, por un motivo muy parecido, para nivelar el Pleno. Pero los progresistas mantuvieron la misma posición que en la recusación de Pérez Tremps y tres conservadores cambiaron su posición anterior y se rechazó la recusación.

4. El gobierno trata de ganar tiempo y que el tema del Estatut no se resuelva en estas circunstancias antes de las generales y, en mayo, introduce una enmienda en la reforma de la ley del Tribunal para reforzar la posición de la presidenta y evitar que, al concluir su mandato en junio, los conservadores pudieran sustituirla por un magistrado de mayor edad. Así, introdujo en la ley un precepto para prorrogar el mandato de Casas hasta su renovación, algo por otra parte que venía haciéndose siempre de facto.

5. Esto provocó una carta de García-Calvo y Rodríguez-Zapata expresando su discrepancia con la ley, la carta precisamente por la que hace unos días fueron recusados.

6. El PP interpuso en aquel momento su recurso de inconstitucionalidad contra la reforma. La presidenta y el vicepresidente se abstuvieron, y el jueves, el tribunal presidido por el magistrado más antiguo, el conservador Vicente Conde, aceptó sus renuncias y dejó el Pleno reducido a 10 magistrados. Cinco y cinco, pero con el voto de calidad en manos conservadoras.

7. Hace unos días el gobierno inició la recusación de García-Calvo y Rodríguez-Zapata. Decidirán el caso ocho magistrados, cinco progresistas y tres conservadores.

8. El PP y sus medios montaron el escándalo del siglo, acusando a Zapatero de desmbarcar en el Constitucional y de politizar la justicia, dicho en términos mucho menos correctos que los míos. Escandalizados estaban.

9. Pocos días después, el PP contraataca recusando a tres magistrados progresistas. Sus argumentos son que según El Mundo, habrían expresado a María Emilia Casas que estaban de acuerdo con la enmienda del gobierno. Así pues hacen lo mismo que reprochaban al gobierno, pero sin base, pues El Mundo como fuente jurídica es... Si se aceptaran las recusaciones, sería el fin del Constitucional, pues ninguna decisión se puede tomar con menos de ocho magistrados.

10. La puntilla del Constitucional llegó sin madurar. Parece que el PP estaba dividido, pero Zaplana se adelantó por su cuenta y anunció la decisión (que no había sido tomada). La decisión ha sido recibida por muy duras críticas de ABC, tímido desacuerdo de El Mundo, y alegría por los libegales de la COPE. Elorriaga culpaba, sin ningún pudor, al gobierno, por querer controlar la justicia por razones políticas...

R.I.P. el Constitucional. Aritmética desnuda. Dejan claro que los argumentos jurídicos son... pamplinas. Nos dan a entender que el Tribunal declarará constitucional el Estatut si tiene mayoría progresista. Si es conservadora lo declarará anticonstitucional. Más claro, agua... ¿Sirve de algo este sistema?